Por: Camilo Sarasti, Director General de Cabify Colombia.
Según el último informe expedido por ProBogotá Nuevas tecnologías e innovación en la industria de transporte público individual, el negocio de taxis en Bogotá, además de informal y billonario, no está controlado.
Por un lado, se estima que anualmente los taxis mueven COP$2,9 billones de los cuales solo el 1,2% es registrado debidamente por cuenta de las empresas afiliadoras, es decir que el 98% del mercado es informal y no declara impuestos, ni se puede controlar. De ahí que no quieran acabar con el sistema de cupos.
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Por otro lado, el hecho de que el 54% del mercado esté controlado por solo dos compañías (de 56 registradas) confirma que mientras el Gobierno siga defendiendo a los taxistas por encima de las necesidades de los usuarios, estará defendiendo a un monopolio anticuado que increíblemente domina, desde hace varios años, las decisiones en materia de transporte que tanto afectan a la ciudadanía.
Ahora, no entendemos con qué autonomía los líderes del gremio de taxistas nos han acusado, desde nuestra llegada a Colombia, de ser evasores de impuestos e ilegales, siendo ellos quienes le están debiendo al país el reporte formal y la trazabilidad de una cifra millonaria que los deja en deuda con la ciudad.
Cabify Colombia es una empresa legalmente constituida que permite y facilita la trazabilidad de sus ingresos por concepto de los trayectos realizados en cada una de las ciudades en donde opera. Antes de emprender una lucha en contra de las plataformas tecnológicas, Gobierno y taxistas deberían contemplar la posibilidad de ver en las plataformas los puntos positivos que le dejan al país y trabajar junto a nosotros por una solución que favorezca, al mismo tiempo, al usuario y al sector.
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A sabiendas que el gremio de taxis es informal y está evadiendo impuestos, resulta irónico que sean los taxistas quienes le pidan al gobierno que saque del espectro aplicaciones supuestamente “ilegales”. La innovación y la transformación digital son una realidad a la que el Gobierno no puede darle la espalda por mantener contento a un gremio olvidándose del ciudadano común.
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