Esta semana se conoció que el gobierno argentino envío al Congreso un proyecto de ley denominado “Argentina Digital” que busca, entre otros objetivos, garantizar el acceso universal a las telecomunicaciones (Internet, telefonía fija y celular y televisión por cable) a todos sus ciudadanos.
«Una sociedad no puede ser plena sin acceso a las telecomunicaciones. Argentina Digital garantiza el derecho humano a las telecomunicaciones, reconocer a las tecnologías de la información y las comunicaciones como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva de la Nación» indicó respecto del proyecto el ministro de Planificación argentino Julio de Vido.
Centralmente, el proyecto se propone modificar y actualizar una ley de Telecomunicaciones que data de 1972 y que, desde luego, no contempla la incesante evolución tecnológica que ha tenido lugar en los últimos 40 años.
“La ley está obsoleta por su aproximación a la tecnología. Lo que ha avanzado la misma en los últimos 4 o 5 años es enorme y abrumador; es indispensable, es esencial, que en la República Argentina tengamos una regulación acorde a las nuevas tecnologías» destacó al respecto Norberto Berner, secretario de Comunicaciones.
Puntos más destacados del proyecto de ley
Convergencia: Quizás uno de los puntos más polémicos del proyecto tenga que ver con la opción de desagregar las redes. De acuerdo con la letra del proyecto, se busca optimizar la utilización de la infraestructura de telecomunicaciones existente, a partir del diseño de una arquitectura abierta de las redes, que favorezca y estimule la interconexión entre los distintos actores del ecosistema.
El fin es que los proveedores de conectividad que lideran hoy el mercado, deberán permitir a terceros el acceso a los hogares utilizando su misma infraestructura para que el usuario pueda recibir por el mismo canal todos los servicios (el triple play: telefonía, televisión, Internet).
De acuerdo con los voceros del gobierno, esto permitirá a las empresas poder utilizar la infraestructura de red para brindar sus servicios con una tarifa de alquiler fijada por el Estado Nacional.
El objetivo, de esta forma, sería favorecer la actividad de cooperativas y PYMES para que estén en igualdad de condiciones que hoy tiene un grupo selecto de empresas para brindar esos servicios. El usuario de esta manera, elige la empresa o el servicio que desee utilizando la misma red y se estimularía la competitividad del mercado. Vale destacar que por ejemplo en Colombia funciona bajo esta modalidad.
En la actualidad, los “big players” (Telefónica, Telecom, Telmex y el Grupo Clarín) son quienes se reparten el 80% del mercado de telecomunicaciones en el país.
Garantía de banda ancha: El proyecto contempla que cada dos años será obligatorio revisar las velocidades de conexión para que la garantía de calidad sea de hecho y se extienda a lo largo de todo el país.
Área única: Establece un área única de explotación y prestación, hecho que elimina el concepto y le pago de larga distancia nacional para todos los servicios, como por ejemplo funciona en Chile. Con la implementación de la telefonía IP se abonará el mismo precio por hablar por teléfono en todo el territorio.
Neutralidad de la red: La discusión acerca de este tópico es de vigorosa actualidad en todo el mundo y no escapa al espíritu del proyecto de ley. Según su borrador, la neutralidad de las redes debe convertirse en garantía. Ninguno de los proveedores puede beneficiar o dar prioridad a un sitio a favor de otro, ni tampoco puede existir monitoreo o regulación de contenido de ningún tipo. “El Estado no regulará ningún contenido” enfatizaron al respecto las autoridades en el marco de la presentación.
Servicio Universal: En el marco de la nueva ley se crea el fondo del Servicio Universal para conectar las regiones en las que las empresas no inviertan, conformado por aportes obligatorios de los licenciatarios y administrado por el Estado Nacional.
Puntos polémicos
Por el lado de las autoridades nacionales –principales impulsoras del proyecto- se advirtió un particular énfasis en destacar que los objetivos del proyecto de ley tienen que ver con “permitir a los ciudadanos acceder al mayor universo de información y comunicación disponible y en condiciones equitativas” y “lograr la mejor calidad de prestaciones posible a partir de estimular un mercado más competitivo”.
Sin embargo, no tardaron en llegar las voces que intentaron poner el proyecto en perspectiva.
La publicación El Cronista señala la perspectiva de Martín Becerra, experto local en medios y telecomunicaciones, en relación a los pros y los contras de una ley que puede gestar cambios sustanciales entre los argentinos.
“Con este proyecto pueden mejorarse las condiciones bastante malas en las que funciona el mercado de Internet y de Telefonía en el país, pero también es cierto que con este proyecto podría concentrarse todavía más la propiedad en los mercados híper concentrados de Telefonía e Internet”.
El especialista se refiere, por ejemplo, a la entrada del grupo Telefónica al mercado de la televisión por cable.
Vale destacar que el punto de convergencia perjudica directamente al Grupo Clarin –entre los principales enemigos del gobierno en la actualidad- por su posición dominante en el mercado de cable a través de la empresa Cablevisión, una de las principales fuentes de ingresos del grupo y que se vería seriamente damnificada por la entrada de más competencia al mercado.
“Tal como está redactado, el impacto del proyecto ‘Argentina Digital” que impulsa el oficialismo va a depender mucho de quién y como lo aplique. “La clave de este proyecto es la autoridad de aplicación, qué gobierno va aplicar esta futura ley. No es muy preciso respecto de cómo se define la posición significativa de un operador, por ejemplo, de telecomunicaciones” agregó según El Cronista.
Restará ver el grado de adhesión y debate que tenga el proyecto en las cámaras legislativas argentinas para poder dimensionar qué tipo de cambios pueden esperarse para las comunicaciones locales.
Fuentes consultadas: Telam, La Nación
