Pelea entre Uber y el gobierno colombiano deja como perdedores a los usuarios

UberPitch
Un nuevo capítulo de esta novela: ahora el gobierno ha pensado en bloquear la aplicación, cuestión que podría significar el fin de esta empresa en el país.

La novela de Uber en Colombia llega a un nuevo capítulo. Ahora el gobierno ha pensado en bloquear la aplicación, cuestión que podría significar el fin de esta empresa en el país.

Aunque la empresa estadounidense mantiene toda una batalla legal, muchos se preguntan hasta qué punto es viable esta medida.

¿Todos contra Uber?

Uber conecta a pasajeros con conductores a través de su aplicación, permitiendo más posibilidades de transporte para los pasajeros y más negocios para los conductores. Desde su fundación en 2009 se ha extendido a más de 70 ciudades. El usuario debe descargar la aplicación y luego de registrarse debe permitirle encontrar su ubicación a través del GPS. El cliente elige entre diferentes modelos de auto (un sedán negro para cuatro personas; un taxi tradicional que tiene acuerdo con la empresa; un UberX, que sería la versión barata; una camioneta deportiva para seis o un auto de lujo, que es el más caro), y luego presiona en el botón que activa el pedido. Uber encuentra al chofer más cercano a través de la geolocalización y lo manda hacia el cliente.

En Colombia, Uber no la ha tenido tan fácil. Ahora, el gobierno del presidente Santos podría evaluar la posibilidad de realizar un bloqueo tecnológico a la aplicación de la compañía californiana. La causa estaría siendo analizada por la presión ejercida por uno de los gremios más poderosos del país: el de los taxistas.

(Lea: [infografía] Uber, la multimillonaria app que enoja a los taxistas)

De hecho, y según datos publicados en varios medios de comunicación colombianos, el gobierno conoció sobre la posibilidad de un eventual paro que estarían planeando los taxistas para finales de este mes. Varias han sido las reuniones entre los ministerios de Transporte, Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y otras autoridades ligadas al área de la seguridad, analizando los posibles escenarios para una eventual intervención.
Estos escenarios pasan básicamente por tres instancias: una intervención de la superintendencia de Transporte, el pronunciamiento de la superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en un eventual conflicto por competencia desleal y, el más extremo, la intervención del MinTIC para bloquear el uso de la aplicación. Días atrás, el MinTIC dio a conocer en un escueto comunicado donde advierte “que no puede bloquear o suspender aplicación alguna. De acuerdo con lo previsto en las leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, así como en la normativa expedida por la CRC respecto al principio de neutralidad de red, no está dentro de las funciones del TIC declarar la ilegalidad, ilicitud o restringir el uso de aplicaciones o contenidos, ni la de ordenar bloqueos a los proveedores de internet”. Y agregó que, de ordenarse el bloqueo por una instancia legal, judicial o administrativa, “el ministerio TIC solo está facultado para verificar que la orden de bloqueo sea ejecutada por parte de los operadores (ISP)”.

Uber contesta

Uber, por su parte, también se pronunció y señaló que “la regulación de la movilidad y el futuro del libre uso de internet en Colombia no pueden definirse bajo la amenaza de las vías de hecho y en favor de viejos monopolios que controlan y se lucran de los cupos de taxis”.

(Lea: Uber y empresas de la economía colaborativa ayudan a combatir a grupos de poder locales)

Y añade que “el camino que pretenden tomar el ministerio de Tecnologías de la Información, el viceministro Enrique Nates y el superintendente Javier Jaramillo, no solo sacrifica la libre competencia sino que condena la innovación tecnológica en el país a un futuro de incertidumbre jurídica”.

La situación o la posible solución pareciera estar en el despacho de la superintendencia de Transporte, que todavía no ha emitido su opinión. Dicho organismo ha dicho que en los próximos meses continuarán las sanciones contra las empresas del sector y los conductores que sigan utilizando estas aplicaciones.

La Superintendencia aclaró que no puede sancionar directamente a Uber, debido a que no se trata de una empresa de transporte como tal. “El problema aquí no es la tecnología sino el servicio ilegal que algunas empresas y personas prestan a través de ella”.

Entre tanto, en la SIC hay siete demandas que tienen relación con estos servicios de transporte que cobijan a varias aplicaciones. En el caso específico de Uber, tiene dos por competencia desleal, pues según los demandantes hay una violación de normas que le da a esta firma una ventaja competitiva, especialmente en el caso de los cupos.

El papel de la SIC será clave en el proceso. Por una parte, la entidad actúa como juez que debe dirimir un conflicto entre dos partes; y, por otra, a través del ministerio de Transporte también se han hecho remisiones de cartas o quejas a la SIC para que a la luz de sus funciones administrativas investigue una posible práctica restrictiva de la competencia.

El mayor reto es reglamentar la operación, pues ha quedado demostrado que los negocios van siempre mucho más rápido que las regulaciones. Las medidas en términos tributarios y laborales, por mencionar solo dos temas, serán fundamentales para armonizar las operaciones. Además, es necesario buscar salidas, como en México, con el incremento de tarifas y una mayor segmentación en el caso de Uber.

(Lea: Ciudad de México y la primera regulación para Uber en Latinoamérica)

Pero la mayor preocupación es estructural. Si toma fuerza el bloqueo a Uber, se generaría un pésimo antecedente para la denominada economía de Internet, pues luego podrían venir presiones de otros sectores económicos, como los hoteles o las agencias de viajes, y empresas como Airbnb y otras plataformas podrían quedar inmersas en este debate. CIO América Latina