Uber: ¿Se va o se queda en Colombia?

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Según el Ministerio de Transporte, Uber tendría que convertirse en una empresa de transporte para poder operar legalmente.

Clayton Cristensen, profesor de la universidad de Harvard, en el estado de Massachusets (EE. UU.), califica como Innovaciones disruptivastivas a las empresas que transforman un mercado existente mediante la introducción de “simplicidad, conveniencia y accesibilidad”.

En muchos casos, según este catedrático y conocedor del mundo empresarial, esa revolución se basa en una nueva tecnología. Aunque la irrupción de aplicaciones como Uber y Tappsi en el sector de la movilidad en Colombia no es un ejemplo literal de las teorías de Christensen, sí ha cambiado la manera como los usuarios disfrutan el servicio de transporte público o taxis.

El Ministerio de Transporte, al anunciar su postura oficial frente a las ‘apps’, protagonizó la semana pasada la muestra más evidente de esa “disrupción”. Para esta entidad las plataformas que faciliten el servicio de transporte de pasajeros “no son legales”. Esa declaración abrió un nuevo asalto en la pelea entre la multinacional Uber, cuya aplicación funciona en Colombia desde octubre de 2013, y el gremio de los taxistas, principales afectados por esta nueva tecnología.

Para la ministra Natalia Abello solo las empresas de transporte habilitadas por su despacho pueden usar plataformas tecnológicas de transporte. Esto en la práctica se traduce en la legalidad de Tappsi porque la usan los taxis amarillos y la ilegalidad de Uber porque sus carros son los blancos del servicio especial.

En otras palabras Uber, una empresa de tecnología fundada hace cinco años y con solo 13 empleados en Colombia, tendría que convertirse en una empresa de transporte para poder operar legalmente.

Ana Paula Blanco, vocera de la empresa, afirmó a la revista Semana, que Uber es una firma legalmente constituida que paga sus impuestos y que sus “socios conductores” están legalmente afiliados a empresas reconocidas por el Ministerio de Transporte. Es decir, todos los componentes del servicio de Uber, que incluyen plataforma, conductores, automóviles y servicio, cumplen con la ley. “Lo que ofrecemos es una intermediación”, sintetiza Blanco.

Amarillos vs. Blancos

Pero el choque más fuerte de Uber, en Colombia y en los casi 50 países donde hoy tiene presencia, no se da solo contra las regulaciones estatales. Las empresas afiliadoras de taxis llevan más de seis meses protestando contra la llegada de la aplicación a Bogotá y Cali. Los ‘amarillos’, agrupados en un poderoso gremio y liderados por Uldarico Peña, acusan a los ‘blancos’ de ser ilegales, cobrar tarifas más altas y burlar la vigilancia del Estado. “Creen que porque tienen tecnología pueden violar todas las normas”, se quejó de manera enfática el dirigente.

La ‘guerra’ de los ‘amarillos’ contra los ‘blancos’ es hoy por los usuarios de mayor capacidad de pago. La aplicación requiere de un teléfono inteligente, una tarjeta de crédito y cuesta, en promedio, entre 20% y 30% más que un trayecto en un taxi tradicional. A pesar de lo anterior, Uber está hoy captando el segmento más pudiente del mercado del transporte individual. Más que la tecnología -Tappsi es en esencia la misma plataforma-, los carros blancos aprovechan la precaria calidad del servicio de los taxistas en Bogotá y Cali.

El gremio de los ‘amarillos’ carga con una pésima reputación, más que merecida. Si bien la gran mayoría de conductores de taxi son personas honestas y trabajadoras, una minoría se esconde entre ellos para cometer delitos como el paseo millonario. Otros alteran los taxímetros para cobrar de más y sus vehículos no cuentan con las mínimas condiciones técnicas y de comodidad.

En la capital del país se convirtió en costumbre para muchos taxistas negarse a prestar el servicio si el destino del usuario no se acomoda con sus necesidades, algo que parece ser común en la mayoría de los países de América Latina.

El gobierno colombiano ha enviado a Uber un doble mensaje: declara ilegal el servicio que presta por no entrar dentro de la normatividad vigente e invita a la empresa a discutir una nueva reglamentación. Mientras la semana pasada la Superintendencia de Puertos y Transporte le abre investigación a Uber, esta semana sus representantes están invitados al ministerio para buscar salidas. Aunque desde julio pasado el Ministerio de Transporte anunció un decreto que regularía el limbo jurídico en que se encuentra la aplicación, esta norma sigue sin salir.

CIO América Latina

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